Francia VS España. Modelos de financiación del cine. Situación y resultados.

Hace una semana la Spain Film Comission reclamaba una modificación legislativa que brindase ventajas fiscales a los productores extranjeros que quieran rodar en España. Mientras tanto en Francia, la Cámara baja ampliaba el techo de los incentivos fiscales al cine para atraer nuevas inversiones y fomentar el cine patrio. Si las características del sector cinematográfico al norte y al sur de los Pirineos son notablemente distintas, los mecanismos de apoyo a la industria audiovisual tampoco siguen los mismos esquemas.

En términos generales, el modelo francés debería servir de referencia para el resto de países europeos. El país galo produce el 22% de las películas rodadas en toda la Unión Europea, encabezando el ranking europeo en número de producciones y posicionándose como el cuarto mercado mundial con mayor número de espectadores (217 millones).  Aunque algunos países como Holanda han llegado ya al 100% de salas digitalizadas, Francia cuenta ya con más de un 67% de implantación, lo que permite una distribución más amplia de las películas y una mejora en la calidad de visionado.

Cada factor afecta y todo contribuye al buen posicionamiento del cine galo respecto a las producciones de otros países. Pero, ¿cuál es su estrategia?.  Francia cuenta con un sistema de superprotección que ya quisieran para sí los productores de otros Estados. El Ministerio de Cultura y Comunicación francés comprende para el cine nacional un modelo de financiación mixto en el que mezcla dinero público, ventajas fiscales y aportaciones de las televisiones que operan en el país. El Centre National du Cinéma se encarga de distribuir el dinero entre las productoras solicitantes destinando anualmente más de 700 millones de euros (frente a los 55,04 que los Presupuestos Generales del Estado Español aportarán a la cinematografía en 2013).

Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica que permite destinar tal cantidad de dinero al cine (francés) en tiempos de crisis? Pues bien, el Estado francés no aporta la totalidad de estos presupuestos sino que parte de tal cantidad es recaudada a través de una serie de tasas. Cada entrada de cine tiene grabada una tasa del 11% que repercute directamente en el sector (de este modo la taquilla recaudada tanto por películas extranjeras como por largometrajes nacionales revierte en la producción de cine francés), del mismo modo que sucede con la aportación que tienen que hacer las televisiones por publicidad, abonos, edición de vídeo y vídeo bajo demanda. El sistema de ayudas se complementa así con las contribuciones obligatorias de las empresas vinculadas a la explotación de un para que el sector se retroalimente de manera importante. Todo ello contribuye a completar el Fondo de Ayudas Automáticas y Selectivas al que cada año se acogen diversas productoras cinematográficas y que les permite desarrollar sus producciones con un – si el guión lo requiere - holgado presupuesto.

Asimismo, en Francia opera la Société pour le Financement du Cinéma et de l’Audiovisuel (SOFICA), un instrumento de inversión cuya única actividad es la financiación de películas y obras audiovisuales aprobadas por el Centre National du Cinéma. El atractivo principal del SOFICA para las sociedades anónimas y empresas que aporten capital privado es la desgravación del 40% para sus suscriptores. Con los fondos recogidos a través de esta entidad, se financian cada año más de un centenar de largometrajes, promoviendo así la financiación privada mediante instrumentos estatales. 

Por si estos mecanismos no fuesen suficientes, con el objetivo de frenar la deslocalización de rodajes y reforzar la imagen de Francia como lugar atractivo para producciones extranjeras, el gobierno tiene establecidas una serie de ventajas fiscales para incentivar la inversión. El TRIP (Tax Rebate for International Production) apoya a las productoras del exterior que decidan realizar total o parcialmente producciones en el país; esta medida permite a las empresas anotar como crédito fiscal en torno a un 20% de la inversión total. Las productoras nacionales tienen también beneficios  fiscales con un amplio techo de incentivos con el objetivo de que gran parte de los gastos derivados de la producción tengan lugar en Francia. Lejos de que estas ventajas se vean reducidas  por la situación económica actual, el gobierno francés ha aumentado hace unos días el techo de incentivos situándolo hasta los 4 millones de euros (hasta ahora se situaba en el millón de euros) en el caso de que se trate de películas francesas, y se ha incrementado desde 4 hasta 10 millones de euros para las producciones extranjeras.

Según un estudio de la Spain Film Comission, urge que España tome decisiones en torno a estos temas. De 80 grandes producciones internacionales que se interesaron en el país durante el último año, 54 desistieron ante la inexistencia de incentivos sólidos. El estudio afirma además que la implantación de una adecuada política de incentivos fiscales atraería un 80% más de rodajes al territorio español. Un incremento de rodajes que repercutiría inevitablemente en la economía nacional del mismo modo que lo hace en el Estado francés. Por cada euro invertido en los créditos fiscales al cine, la economía francesa gana 7 euros frente a los 4,4 euros que ingresa la economía española por cada euro que concede el ICAA.

Estas u otras medidas de fomento, lamentablemente, continúan siendo una quimera en el Estado español. Los mecanismos principales a través de los que la industria cinematográfica  recibe apoyo siguen siendo el ICAA y el ICO, y aunque organizaciones del sector reclamen cambios y mejoras que incentiven la inversión como medio para fomentar la cultura y contribuir a la economía española, lo cierto es que hasta el momento todo ha quedado en poco más que palabras. La anterior ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, estudió en 2010 la posibilidad de realizar cambios fiscales que pasaran por la bonificación de la exportación de producciones, la deducción por inversiones cinematográficas y otras medidas fiscales que situasen a la Agrupación de Interés Económico (AIE) como figura jurídica. Del mismo modo, cuando  Jose Ignacio Wert juró su cargo anunció su intención de modificar el modelo de financiación pública del cine. Un año después, de aquello ha resultado una comisión encargada desde el 5 de diciembre de estudiar la viabilidad de los incentivos fiscales, las ayudas directas y la inversión por parte de las televisiones, así como el diseño de la Ley de Mecenazgo. En teoría, en unos 6 meses debería llegarse a un acuerdo para establecer un modelo específico que regule la estructura de financiación cinematográfica, aunque el proceso se alargará en el Parlamento dejando también 2013 sin soluciones. Habrá que esperar a 2014 para empezar a vislumbrar qué le depara al futuro del cine español.